Fecha de publicación: 2 de junio de 2025

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido un novedoso criterio jurisprudencial (registro digital 2030393) que redefine los límites del derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones consagrado en el artículo 16 constitucional.

¿Qué establece este nuevo criterio?

De acuerdo con la resolución, las comunicaciones generadas a través de herramientas de trabajo institucionales, como correos electrónicos corporativos o sistemas internos, no están protegidas bajo el principio de inviolabilidad constitucional. Esto se debe a que no se consideran privadas en sentido estricto, sino confidenciales dentro del contexto operativo de una empresa o institución.

La SCJN aclaró que la privacidad protegida constitucionalmente implica un ámbito de vida personal reservado, fuera del alcance del Estado. En cambio, las herramientas de trabajo están diseñadas para cumplir fines operativos del objeto social de la entidad, y la información que se genera mediante ellas no es propiedad del colaborador, sino de la empresa.

¿Qué implicaciones tiene?

Este criterio permite que autoridades como:

• La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE)

• El Servicio de Administración Tributaria (SAT)

• La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)

puedan acceder a comunicaciones internas sin necesidad de una orden judicial previa, siempre y cuando estas se hayan generado o almacenado mediante plataformas institucionales.

¿Por qué es importante para las empresas?

Este criterio amplía notablemente el rango de fiscalización del Estado sobre las personas morales, lo cual implica que muchos de los intercambios internos podrían ser auditables por la autoridad sin control judicial. En este contexto, resulta indispensable contar con una política robusta de compliance normativo, así como con protocolos claros de gobernanza de la información empresarial.

🧭 Recomendación legal

En Sahagún Abogados, recomendamos revisar las políticas internas sobre el uso de medios electrónicos, establecer protocolos de gestión documental y reforzar los programas de cumplimiento legal y auditoría interna para anticiparse a auditorías o investigaciones que podrían acceder legítimamente a dichos registros.